REVISTA VESTIGIOS

De la seguridad democrática a la seguridad ciudadana


Erick Saumeth Cadavid*

En términos generales podríamos definir el concepto de seguridad como el sistema armónico de condiciones sociales, de género, jurídicas y políticas que en forma igualitaria y equitativa le garantizan al conjunto de la población urbana y rural y a las instituciones públicas y privadas, una mejor calidad de vida, a través de la comunidad pacífica.
Se justifica así desde el punto de vista político, la construcción jurídica de planes o programas para la seguridad pública y ciudadana, con el fin de preservar las bases sobre las cuales se apoya nuestro estado de derecho. Dado pues su carácter de política de Estado, la seguridad democrática empieza ha extenderse a los ámbitos regionales y locales materializando y ampliando de manera directa el control del ejecutivo sobre la misma en un espectro ya Nacional.
Desafortunadamente, y tal vez por las características propias de nuestro conflicto, prevalecieron las ideas para aplicar enfoques dirigidos hacia la contención y hacia la represión dejando a un lado los modelos preventivos y situacionales.
Es así como el Ministerio del Interior traslada sus responsabilidades como orientador, instructor y consultor de los entes territoriales en el tema de la seguridad a la fuerza pública, quien debe en último momento y con mucho esfuerzo tratar de diseñar lineamientos teóricos bases estos de futuros planes departamentales y municipales. Las consecuencias, previsiblemente obvias, nos recuerdan tristemente, 40 años de irresponsabilidades políticas traducidas ellas en 40 años de conflicto.
Sin embargo y afortunadamente estos lineamientos son solo indicativos y cada ente territorial puede según sus propias características y el criterio de sus autoridades, decidirse a seguirlos o, a propiciar el desarrollo junto a su comunidad de programas que atienden sus necesidades de seguridad de manera específica.
 Los esfuerzos entonces, deben dirigirse a vincular a las comunidades urbanas y rurales de los municipios, por medio de estrategias dirigidas a que los problemas y las controversias que se generen dentro de cualquier grupo local o social se resuelven al interior del mismo, esto con el objetivo de que sea en el ámbito No Político en donde se creen, utilicen y apliquen mecanismos para la resolución de los conflictos generándose así la Seguridad Ciudadana.
Si esto no se logra y los problemas trascienden y se dirigen al ámbito Político, los costos sociales, económicos y jurídicos, se elevarán perjudicando a otras esferas de esa comunidad, justificando así la utilización de mecanismos represivos dirigidos a mantener o contener niveles mínimos de Seguridad así como de Orden Público. Para evitar lo anterior, cualquier estrategia local para la seguridad debe ajustarse a principios como los de Integridad: (concepción global del programa), sostenibilidad: (aprove-chamiento de recursos), participación: (preactiva), oportunidad: (medio más adecuado) y equidad: (sin exclusión) y estar orientado hacia aspectos fundamentales:
1) La prevención del delito, 
2) La participación ciudadana,
3) La prevención del terrorismo.
Enfocados todos desde el punto de vista epidemiológico hacia el desarrollo de la infancia, al desarrollo de la comunidad, al desarrollo social y a la prevención situacional del delito, afectando positivamente los ámbitos comunitarios, familiares, educativos, laborales, económicos y socio-políticos.
La manera de la seguridad dependerá entonces de la acción coordinada entre la institucionalidad y la participación de la colectividad (urbana y rural), siendo el resultado de esto la concreción que de la visualización previa de la situación a la que se quería llegar se había hecho. Es en este sentido una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad.
   *Abogado. Especialista en Estudios Político-Económicos, Magíster en Estudios Políticos.